Reforma del Estado

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Las propuestas presentadas a continuación han sido identificadas de los planes de gobierno presentados al CNE y validadas por los equipos técnicos de los candidatos. El orden mostrado de los candidatos está de acuerdo al número de lista.

Gullermo Lasso

Iniciar la necesaria racionalización administrativa del sector público, con el objetivo de concentrar el gasto de forma más eficiente en materia de salud, educación y seguridad. Se eliminaran aquellos entes superfluos que obedecen a fijaciones ideológicas como la Secretaría del Buen Vivir.


Compromiso con la dolarización presentando un proyecto de ley que blinde este sistema.


Llamar a consulta popular para que los ecuatorianos se pronuncien sobre las recientes reformas a la Constitución, que introdujeron la reelección indefinida de las autoridades de elección popular y el debilitamiento de la labor de la Contraloría.


Llamar a a los ecuatorianos dentro de los primeros 100 a días a consulta popular sobre la despolitización inmediata de los organismos de control. Se consultará sobre la destitución inmedidta de los miembros del CPCCS y de los miembros de varios organismos designados por el mismo, pues su permanencia es un obstáculo para el Estado de Derecho. Se creará una Comisión de Transición que nombrará autoridades transitorias según un estatuto anexo.


Pedir asesoría a la Organización de las Naciones Unidas para la creación de una comisión independiente que establezca la reforma adecuada a la administración de justiciay su independencia del poder de turno.


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Lenín Moreno

Fortalecimiento de la carrera del servidor público. Estabilidad a los servidores públicos con sistemas permanentes de capacitación y mejoramiento profesional.


Incorporación de más tecnología en la gestión pública y disminución de la tramitología.


Evaluación permanente de los servicios públicos de ciudadanos a través de medios tecnológicos.


Fortalecimiento de la institucionalidad para la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.


Garantía de la previsibildad, transparencia y oportunidad de los recursos asignados a los gobiernos autónomos descentralizados.


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